Güenchenen repudió la denuncia de PAE y ratificó la defensa del trabajo local
El Secretario General rechazó el intento de criminalizar el reclamo laboral y ambiental. Aseguró a la gran familia petrolera que no dará un paso atrás y advirtió que la paz social está en riesgo.
«Si PAE, o cualquier otro, cree que con una denuncia judicial nos va a hacer retroceder, se equivoca. No me van a correr. No me van a quebrar. No me van a hacer claudicar».
Nuestra organización sindical expresa su más absoluto rechazo ante la denuncia penal presentada por la operadora Pan American Energy (PAE) contra nuestro Secretario General, Rafael Güenchenen. Esta acción judicial constituye un burdo intento de utilizar los tribunales como una herramienta de presión corporativa para disciplinar la legítima defensa del empleo y ocultar los graves incumplimientos de la empresa en Santa Cruz.
La conducción gremial ratifica que quienes deben dar explicaciones ante la sociedad y la Justicia son los directivos de la operadora, y no los trabajadores que exigen el respeto a las normativas que protegen nuestro sustento.
Defensa de nuestra soberanía laboral y la Ley 90/10
La postura del sindicato se sostiene firmemente sobre la legislación provincial que la operadora pretende ignorar deliberadamente en perjuicio de nuestra gente: * Violación de la Ley Provincial N° 3141: Denunciamos la introducción ilegal de personal y cuadrillas externas para operar en los yacimientos de Santa Cruz, pasando por encima de la Ley 90/10.
* Prioridad para los trabajadores locales: En un contexto de crisis, cada equipo que se activa en la provincia debe representar una oportunidad concreta para los santacruceños. No permitiremos que la reactivación se haga dejando a nuestra gente afuera.
* Amparo constitucional: Convocar a medidas de fuerza y ejercer el reclamo colectivo son derechos constitucionales fundamentales. La protesta sindical no es un delito.
El pasivo ambiental que la operadora intenta ocultar
El sindicato exige una investigación urgente y rigurosa sobre el comportamiento operativo e histórico de PAE en nuestro territorio, donde explotan los recursos pero evaden responsabilidades: * Abandono en Koluel Kayke: La empresa operó durante décadas y se retiró dejando un pasivo ambiental de extrema gravedad, con una severa contaminación de suelo y agua que afecta a nuestras comunidades.
* Exigencia del marco legal: Reclamamos la aplicación irrestricta de las Leyes Provinciales N° 3122, N° 2658 y N° 2567 de remediación y evaluación de impacto, junto a las Leyes Nacionales N° 25.675 y N° 24.051 de residuos peligrosos.
* Tránsito de desechos: Es urgente auditar el traslado de materiales, infraestructura y desechos peligrosos entre distintas provincias sin los debidos controles.
Una Justicia corporativa que pone en riesgo la paz social
Cuestionamos con dureza la "celeridad inaudita" que muestran los tribunales locales cuando una corporación económica presenta una demanda. Esta velocidad contrasta de manera escandalosa con las demoras crónicas para investigar la contaminación y los perjuicios económicos que sufren nuestros pueblos. Una Justicia que solo actúa ante el reclamo de los poderosos deja de ser garantía de derechos.
Por este motivo, hacemos responsable directamente a la empresa PAE y al Gobierno Provincial por las consecuencias de sus decisiones. La paz social de la cuenca se encuentra en riesgo debido a las provocaciones de la operadora.
Inversión sí, pero con inclusión laboral
Reiteramos nuestra posición histórica a favor de la inversión, la perforación y la reactivación de equipos en Santa Cruz. No obstante, le recordamos a las empresas que ninguna inversión puede construirse sobre la exclusión de la mano de obra local, la violación de las leyes provinciales o la degradación del ambiente. La seguridad jurídica debe ser igual para todos, no un beneficio exclusivo de las corporaciones.
Nuestro Secretario General, Rafael Güenchenen, honrará el mandato otorgado por los afiliados con la firmeza institucional que exige el actual contexto, manteniéndose de pie junto a los trabajadores y de frente a quienes pretendan desconocer los derechos de Santa Cruz.
¡LA DEFENSA DEL TRABAJO SANTACRUCEÑO NO ES UN DELITO!